Desde la Sociedad Rural de Paso de los Libres advierten que el robo de hacienda pasó de ser un delito aislado a operar como crimen organizado. Reclaman la urgente apertura de fiscalías especializadas.
El flagelo del abigeato dejó de ser un simple dolor de cabeza menor para convertirse en una crisis estructural que vacía los campos del litoral. María Marta Batalla, integrante de la comisión de Seguridad Rural de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, alertó que la provincia ya cuenta con más de 400.000 hectáreas ganaderas totalmente abandonadas como consecuencia directa del accionar de bandas delictivas fuertemente tecnificadas y equipadas.
«Los productores han dejado, abandonado literalmente los establecimientos por este flagelo. Ya no es el robo ocasional; enfrentamos a organizaciones con infraestructura y logística que faenan decenas de animales en una sola noche y golpean los establecimientos en zonas críticas de frontera», sentenció la dirigente. Los recientes golpes perpetrados en La Cruz, Santo Tomé y el paraje Rincón de Vences ratifican la gravedad de un escenario que se tornó insostenible para las familias ganaderas.
Sin recursos en el campo y con la Justicia bajo la lupa
La denuncia del sector privado apunta de forma directa a las limitaciones logísticas del brazo estatal. Si bien Batalla ponderó el esfuerzo diario de la Policía Rural (Priar), desnudó la crítica falta de recursos básicos: detalló que, en procedimientos recientes, los efectivos debieron solicitar conexiones de internet inalámbrico a estancias privadas al carecer por completo de señal celular para comunicarse con los juzgados.
El cuello de botella también se traslada a los tribunales. Aunque la Ley Provincial 5.691 establece la creación de 11 fiscalías rurales específicas para agilizar las causas del agro, actualmente solo cinco están en funciones. El resto permanece vacante, incluyendo la circunscripción clave de Paso de los Libres que aguarda designaciones urgentes.
«Sentimos que la Justicia es muy laxa y flexible para el que delinque», cuestionó Batalla tras criticar fallos recientes donde imputados por el robo de cargamentos enteros de hacienda terminaron beneficiados con regímenes de prisión domiciliaria. Para el ruralismo, la persistencia de esta inseguridad —combinada con las presiones biológicas de la garrapata y los vaivenes climáticos— configura un combo de expulsión que obliga a las nuevas generaciones a desertar definitivamente de la actividad agropecuaria.
