El trascendido fue simultáneo a la ratificación de la construcción de otra fábrica de pasta de celulosa en Uruguay, muy probablemente frente a Buenos Aires.
Ejecutivos de las papeleras Stora Enso (sueco-finesa) y Arauco (chilena) se reunieron con altos funcionarios del gobierno uruguayos para confirmar la construcción de la planta en el departamento de Colonia.
Según el diario local Ultimas Noticias, se aseguró que la inversión tendrá un «alto impacto» en producción y mercado laboral, ya que «generará 3000 puestos de empleo» e implicará un crecimiento del 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
La decisión de ambas empresas, que formarán un consorcio para explotar la inversión, se produce meses después de que adquirieran la mayor parte de las operaciones de la española ENCE en Uruguay, que incluye 136.000 hectáreas forestales y su proyecto industrial para construir una fábrica de celulosa en la localidad de Punta Pereira por 344 millones de dólares. De todos modos, aún no se informó el lugar exacto donde se instalará la fábrica.
Tras la compra de las propiedades de ENCE en Uruguay, Stora Enso y Arauco se convirtieron en los mayores propietarios privados de tierra en todo Uruguay, con un total que supera las 250.000 hectáreas.
La instalación de una nueva planta de celulosa se conoce en momentos en que recrudece la tensión diplomática bilateral por la producción de la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos, sobre la costa del río Uruguay.
El jueves, el gobierno de Tabaré Vázquez había denunciado a la Argentina de manipular datos ambientales de organismos uruguayos para sostener ante la Corte Internacional de Justicia sus argumentos acerca de la presunta contaminación de la fábrica. Durante una reunión en Fray Bentos, una misión de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) planteó que la Argentina había recurrido a «sesgar y manipular datos» así como a «la adulteración de documentos» en La Haya.
En respuesta, la Cancillería argentina calificó de «inadmisibles» esas declaraciones y las consideró «una cortina de humo» para tapar los efectos ambientales que estaría produciendo la planta de celulosa en el río compartido.
«La empresa Botnia se encuentra utilizando o ha utilizado en su proceso de producción y de limpieza productos prohibidos en la Unión Europea y otros países y que cuenta con un monitoreo ambiental insuficiente por parte de las autoridades uruguayas», denunció el ministerio que conduce Jorge Taiana en un comunicado oficial difundido anteayer.
Los dos gobiernos esperan el resultado del juicio en La Haya, previsto para marzo de 2010.
«Fue un error no intencionado»
La presidenta de la ONG Green Cross, Marisa Arienza, negó ayer que la Argentina hubiera sesgado y manipulado datos para argumentar ante la Corte de La Haya que la planta de Botnia contamina, pero admitió que «fue un error no intencionado de los abogados que no ha sido bien transmitida». En declaraciones a Radio 10, Arienza explicó: «Nosotros estábamos viendo todas las presentaciones hechas en La Haya. Creemos que sí hay alguna cosa que no ha sido bien transmitida por los abogados argentinos». Y justificó a Uruguay al decir: «Lo que está haciendo es una presentación en lenguaje accesible para la gente».
Fuente La nacion