En todo el territorio de la provincia de Corrientes podrían generarse al menos 100.000 puestos de trabajo dentro de los próximos cinco años a partir del incremento del área de siembra de arroz (el principal producto agrícola correntino), según estimaciones de operadores privados.
En la última campaña 2009/10 se sembraron unas 80.000 hectáreas de arroz en Corrientes. Sin embargo, la avanzada de grupos ambientalistas en la provincia impiden incrementar dicha área, que, según estimaciones privadas, podría al menos duplicarse en unos pocos años.
«Duplicando la superficie se podrían duplicar los puestos de trabajo que genera la cadena arrocera actualmente» (que son alrededor de 100.000), dijo hoy a Infocampo.com.ar Ricardo Freire, gerente general de Copra, una de los dos principales compañías arroceras correntinas (la otra es Adecoagro).
«El 70% del costo que tiene producir una hectárea de arroz lo generan y quedan en manos de eslabones que operan dentro de la provincia», indicó Freire, para luego mencionar que «el valor agregado que se le da al producto es propio de Corrientes».
La creación de unos 100.000 puestos de trabajo más en la provincia mesopotámica no es un dato menor si se tiene en cuenta que, según los últimos datos publicados por el Indec, la pobreza y la indigencia en los centros urbanos de Corrientes alcanza al 25,8% y al 5,6% de la población provincial respectivamente (vale recordar que tales datos son calculados en base a la inflación del Indec; con los datos reales los números son bastante más elevados).
«Estamos haciendo referencia a una provincia que tiene alrededor del 50% de su población por debajo de la línea de pobreza, cuando tiene las condiciones necesarias para poder sustentarse con desarrollo y fuentes de trabajo propias», señaló Freire.
Según estimaciones de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, en las zonas altas de los Esteros del Iberá podrían ponerse en marcha la producción de unas 800.000 hectáreas, pero los grupos ambientalistas impiden el crecimiento del área agrícola.
En este sentido, el gerente de Copra manifestó que «los ambientalistas se oponen al desarrollo arrocero un un territorio al que no le sobran alternativas productivas; el Iberá debe seguir siendo patrimonio, pero regulado y administrado por las autoridades argentinas».