Las autoridades productivas y ambientales del gobierno de la provincia de Salta comenzaron a organizar una serie de audiencias públicas con el objetivo de evaluar el otorgamiento de permisos de habilitación de tierras que permanecen congelados con un atraso de hasta cuatro años.
En 2007 se suspendió la habilitación de nuevas tierras productivas en todo el territorio nacional a partir de lo dispuesto por la Ley de Bosques (N° 26.331), que establecía que las provincias no podían autorizar desmontes hasta que sus respectivos gobiernos no aprobasen sus propios programas de ordenamiento territorial.
A mediados de 2009 la Legislatura salteña aprobó la Ley provincial 7543/09, por medio de la cual se reglamentó el ordenamiento territorial dispuesto por la Ley de Bosques. La norma provincial determinó una serie de recomendaciones generales sobre el tema, pero delegó la confección del mapa de zonificación territorial en el Poder Ejecutivo provincial. Poco tiempo después –comienzos de julio del año pasado– el gobierno salteño promulgo el decreto 2785/09, por medio del cual finalmente se reglamentó la Ley 7543/09.
El decreto 2785/09 prohibió prácticamente el desarrollo de actividades agropecuarias en todo el norte de la provincia. Un área del orden de 1,30 millones de hectáreas (M/ha) fue clasificada como “zona roja” (no puede haber actividad productiva de ningún tipo), mientras que otras 5,40 M/ha fueron categorizadas como “zona amarilla” (donde en algunos casos es posible realizar planteos silvo-pastoriles con una autorización previa de las autoridades ambientales provinciales). En la “zona verde” (donde es posible desmontar también con previa autorización) quedaron comprendidas alrededor de 1,50 M/ha (que se suman a las 1,90 M/ha ya habilitadas).
Actualmente existen en la provincia de Salta alrededor de 60.000 hectáreas en «zona verde» que tienen solicitudes de habilitación productiva pendientes de aprobación a pesar de contar con el correspondiente estudio de impacto ambiental (muchos de los proyectos fueron presentados antes de 2007).
Además, desde mediados de 2009 hasta la fecha se fueron agregando nuevos pedidos de habilitación de tierras tanto en las «zonas verdes» como en las «amarillas». Pero las auutoridades del gobierno salteño mantienen congeladas las aprobaciones definitivas para evitar problemas mediáticos con grupos ambientalistas, según indicaron a Infocampo.com.ar fuentes del sector agropecuario salteño.
En total, las fuentes estiman que habría unas 200.000 hectáreas que podrían ponerse en producción si los funcionarios del gobierno de Juan Manuel Uturbey tuviesen voluntad de efectivizar las habilitaciones. Poner una hectárea de monte en producción representa una inversión de 300 a 500 u$s/ha (una inversión no despreciable para una provincia como Salta).
Durante las últimas semanas comenzaron una serie de audiencias públicas donde los productores que presentaron proyectos de habilitación de tierras deben exponer los fundamentos de su solicitud antes de que el gobierno decida la autorización efectiva de desmonte. Pero no existe aún un indicio concreto que indique que el gobierno salteño tiene una decisión de avanzar con el tema.