La decisión política del gobierno correntino de permitir que en la provincia se instale una fábrica pastera, para desarrollar la producción forestal, generó ayer las primeras repercusiones en la Legislatura, donde los legisladores pronostican que el tema amerita un largo y amplio debate. Todavía, no se escuchan posturas en contra, pero la mayoría considera necesario garantizar que no exista contaminación de los recursos naturales.
El diputado Héctor López, jefe de la bancada radical; y el diputado Luis Badaracco, del justicialismo, fueron entrevistados ayer en radio La Red y coincidieron en que Corrientes necesita agregarle valor al potencial forestal teniendo en cuenta que es la segunda provincia productora del rubro en el país, con unas 418 mil hectáreas sembradas de pinos y eucaliptos.
El tema de la posible instalación de una o dos papeleras o pasteras en Corrientes comenzó a rediscutirse en la provincia el martes pasado cuando, tras el fallo de La Haya por el conflicto con Botnia en Uruguay, el gobierno confirmó que en mayo recibirá la visita de inversores interesados en construir una planta en territorio correntino. El ministro de Producción, Jorge Vara, dijo que existen dos proyectos: uno sobre la costa del Uruguay y otro sobre la del Paraná. Si bien no precisó el origen de las inversiones, se trataría de capitales chilenos que ya hace tres años visitaron Corrientes y dialogaron con funcionarios del gobierno anterior.
“Me parece bien que la decisión del gobierno sea la de permitir una fábrica de este tipo porque tenemos que profundizar el desarrollo forestal”, consideró López. El legislador admitió que tal posibilidad amerita “un largo y profundo debate con la participación de todos los sectores de la sociedad porque hay que buscar el consenso antes de que surjan conflictos”.
Es que el tema de la contaminación que puede o no, en gran o menor medida, generar una pastera, una planta de celulosa o una papelera, es convocante si se tiene en cuenta el caso de Botnia, cuya instalación a orillas del Uruguay generó un gran conflicto entre Argentina y Uruguay, a partir de las protestas de vecinos argentinos y entidades ambientalistas que denuncian daños para el curso del agua. También es convocante porque técnicos oficiales reconocen que este tipo de plantas industriales deben estar ubicadas a orillas de un curso de agua importante, un río, para tirar sus desechos.
Badaracco, desde el sector opositor, señaló que personalmente está “de acuerdo en ponerle valor agregado a la madera”, pero que “hay que ver detenidamente el tema de la contaminación que necesita de la opinión de toda la sociedad a través de las organizaciones no gubernamentales y los representantes políticos”. El diputado del PJ afirmó que todo proceso industrial “es complejo” y “debe servir para el beneficio de todos los correntinos, no sólo como un negocio empresarial”.
Aunque todavía está por verse la llegada de inversores, en la Legislatura ya se habla entre las bancas de la posibilidad de abrir paso a una gran discusión cuando el gobierno confirme un plan real para que se instale una planta. Podría ocurrir que, en primera instancia, el ministro Vara y otros funcionarios de su área sean citados por las cámaras para brindar información sobre los proyectos y gestiones que encara la provincia en este sentido.
También, se piensa que en otra instancia de diálogo se convocará a ecologistas y organizaciones de ambientalistas y gremiales para llevar adelante una compleja discusión.
Badaracco y López consideraron que sería conveniente agotar todas las instancias de acuerdos y diálogo para evitar que surjan conflictos con determinados sectores que podrían oponerse a las inversiones.