La medida probablemente desactivará una manifestación de los productores programada para el 10 de agosto y que amenazaba con desestabilizar la administración del socialista Fernando Lugo, días antes de cumplir su primer año en el poder.
«El Gobierno está cumpliendo con un compromiso de crear las condiciones para trabajar en esta campaña agrícola», dijo el ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, a la radioemisora Primero de Marzo.
El decreto ampliaba los requisitos que se debían cumplir antes de fumigar los campos e incluía medidas consideradas «imposibles» por los productores, como la obligación de anunciar cada fumigación por radio y televisión dos días antes de llevarla a cabo.
«Nos parece una señal positiva que retrotrae el escenario a las medidas anteriores a este decreto», dijo Héctor Cristaldo, presidente de
«Se va despejando el escenario de los elementos que causaban irritación y crispación», agregó, sin confirmar el levantamiento de la movilización, que emularía a las llevadas a cabo en Argentina durante el largo enfrentamiento entre productores y Gobierno en el 2008.
No obstante, la derogación desató críticas de organizaciones campesinas que presionaron por la aprobación de la norma, bajo el argumento de que el uso indiscriminado de plaguicidas contamina el ambiente y es sumamente perjudicial para la salud de comunidades vecinas a los sojales.
«Es un retroceso. Los niños mueren por culpa de los agrotóxicos y apenas hacen un simulacro del llamado tractorazo y cambian», dijo el dirigente campesino Luis Aguayo, del Frente Social y Popular, que anunció una protesta contra los plaguicidas en dos semanas.
El decreto derogado había sido adoptado en medio de una caída de cerca de 40 por ciento de la producción del principal rubro de exportación del país, la soja, a causa de una sequía que golpeó a toda la región.
Fuente: Reuters