A través de sendas cartas documento, la entidad que nuclea a los productores salteños exigió a las firmas Espert S.A. y Cigarrillos y Tabacos S.A. la inmediata regularización de los aportes obligatorios. Advierten sobre un perjuicio grave al sector y anticipan acciones judiciales.
La tensión en el sector tabacalero sumó un nuevo capítulo judicial y administrativo. La Cámara del Tabaco de Salta, a través de su apoderado legal, Juan Carlos Guerrero, intimó formalmente a las empresas Espert S.A. y Cigarrillos y Tabacos S.A. para que regularicen de inmediato el ingreso de los importes correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET). La entidad acusa a ambas firmas de retener de forma indebida recursos de afectación específica que por ley deben ser destinados a los productores.
Las intimaciones se materializaron mediante cartas documento enviadas a las sedes de las compañías. Espert S.A., ubicada en la localidad bonaerense de Berazategui, y Cigarrillos y Tabacos S.A., radicada en San Salvador de Jujuy, fueron notificadas de que la omisión de estos pagos genera un «perjuicio grave, concreto y directo» sobre los agricultores beneficiarios del régimen legal.
Fondos bajo la lupa y el respaldo de la Corte
De acuerdo con los antecedentes reunidos por la asesoría letrada de la Cámara, las empresas habrían omitido ingresar total o parcialmente los montos del FET ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Desde la entidad recordaron que la Ley N° 19.800 y su Decreto Reglamentario N° 3418/75 obligan al depósito en tiempo y forma de estos recursos, los cuales constituyen el sostén económico de miles de familias tabacaleras en el norte argentino.
El reclamo legal de la entidad salteña no es aislado. En el texto de la intimación, el bando de los productores hizo hincapié en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha reafirmado de manera contundente la constitucionalidad del régimen fiscal aplicable al sector tabacalero. Con esta jurisprudencia a favor, la exigencia no solo abarca los importes originales adeudados, sino también la liquidación de intereses compensatorios, punitorios y las sanciones accesorias que correspondan por ley.
Intervención estatal y reserva de acciones penales
El conflicto escalará de inmediato a la órbita del Gobierno nacional. Según confirmaron las autoridades de la Cámara, las copias de las intimaciones serán puestas en conocimiento directo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El objetivo es que el organismo estatal determine con exactitud las obligaciones pendientes, inicie los mecanismos de cobro coactivo y aplique las penalidades previstas en el ordenamiento vigente para las empresas infractoras.
Asimismo, la representación legal de los tabacaleros dejó expresa reserva de promover todas las acciones administrativas y judiciales pertinentes en los fueros competentes. Fuentes del sector no descartan que, en caso de persistir el incumplimiento, la disputa derive en denuncias penales por la presunta apropiación indebida de fondos públicos de asignación específica.
