Lo está dicha la última palabra en lo que respecta a la ley de Bosques que fue aprobada hace horas en una reñida sesión de Diputados. La legisladora María Inés Fagetti de Mansutti anunció que acudirá a la Justicia para dejar sin efecto la norma, en virtud de una serie de vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad que asegura tiene el proyecto. Desde el oficialismo provincial celebran la aprobación de la iniciativa y despotrican contra sus detractores. A fin de cuentas, la gente poco entiende.
Por todo eso, sin lugar a dudas, éste fue el tema del día. En la mayoría de los programas radiales de ayer se escucharon las distintas versiones que surgieron tras la aprobación de la polémica ley, que desde 2009 sólo cosechó dudas y detracciones.
Lo cierto es que la gente entiende poco en qué consiste la ley y por ello es necesario aclarar que la finalidad de la norma es impedir los desmontes excesivos y delimitar la provincia en zonas rojas, amarillas y verdes. Las rojas son sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse y que deben mantenerse como bosque para siempre. Incluye áreas cercanas a reservas, que conecten ecorregiones, que tengan valores biológicos sobresalientes, y/o que sean cercanas a cuencas.
Las denominadas zonas amarillas son sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados, pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación y no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
En cuanto a las zonas verdes, se incluyen en ella los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, es decir se pueden realizar desmontes.
Sin embargo, antes de autorizar un desmonte, deberán realizarse un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Deberá garantizarse el acceso a la información de comunidades indígenas, campesinas y otras relacionadas con la actividad sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes.
Ante esta situación, los diputados de la oposición insisten en afirmar que la ley, aprobada el miércoles en una caldeada sesión de Diputados, tiene “errores”.
En ese sentido, Fagetti de Mansutti realizará una denuncia penal por falsificación de documento público, ya que, dijo, “le falta un párrafo esencial” a un informe realizado por un organismo científico y presentado por la Dirección de Recursos Forestales en el proyecto de ley.
“Cuando comparamos los documentos originales con los que habían presentado, había un párrafo esencial que fue eliminado”, dijo a radio La Red y explicó que “en él aconsejaban e indicaban que debía darse la máxima protección a los bosques de ribera y marginales, los que protegen cursos de agua”.
La legisladora consideró que “desde el ex gobernador Arturo Colombi, aprobando un ordenamiento territorial, pasando por todos los funcionarios que intervinieron en el proceso en el ámbito del Ministerio de Producción, por acción u omisión, podrían ser responsables”.
“Los vicios que tiene esta ley son demasiado evidentes. Acá todo se hizo para sacar el Proyecto Ayuí, que beneficia a grupos poderosos, como Clarín, quienes van a agotar nuestra tierra y se van a ir, dando además trabajo infantil, lo que está penado por la ley”, denunció Mansutti.
“Lo aprobado es una copia textual del decreto de Arturo Colombi, con brevísimas correcciones. Existen irregularidades que podrían constituir hechos ilícitos, y es mi obligación denunciar, y que el fiscal investigue si hay delito y se encuentre a los responsables”, dijo la diputada.