Estos primeros días de marzo dejaron en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) un marcado ánimo de pesar por el fallecimiento de Raúl Solmoirago, uno de los principales impulsores de la sanción de la Ley Yerbatera en febrero del 2.002, durante su gestión como diputado nacional por la Alianza.
Pero antes de su aprobación por parte del Congreso, la Ley 25.564 recorrió un derrotero que comenzó dos años antes, en octubre del año 2.000, cuando Solmoirago cumplió su promesa de promover la iniciativa y, acompañado por sus pares misioneros, presentó el Proyecto de Ley en la Cámara Baja. Atrás había quedado una huelga que paralizó la producción y también extensas jornadas de debates entre los distintos sectores que componen la cadena yerbatera, funcionarios y legisladores.
Convencido de que la creación del INYM era imprescindible para el futuro de la actividad yerbatera, en junio de 2.001 convocó a Misiones al, por entonces, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, el chaqueño Héctor Romero, de quien obtuvo el compromiso de acelerar la sanción de la ley. Ese convencimiento lo llevó, incluso, a enfrentar a funcionarios de su partido que se oponían a la ley, como el titular de la SAGPyA Marcelo Regúnaga. “Para qué opina si no conoce el tema. Debería callarse y preguntar a la gente que sabe un poco más”, había replicado sin medias tintas Solmoirago al ser consultado por la prensa.
Para Raúl Solmoirago, la brújula del sector yerbatero debía tener un norte bien definido, y ese rumbo incluía la puesta en marcha del INYM. El 21 de febrero del 2.002 el Congreso Nacional finalmente sancionó la Ley 25.564 y el 14 de marzo fue promulgada oficialmente. Satisfecho por la tarea cumplida, el legislador reseñó el significado de la ley que lo tuvo como uno de sus principales impulsores. “Esta política yerbatera contempla como eje en su diseño a la familia rural, la equidad y el desarrollo regional. Procura implementar políticas de desarrollo sustentable, dentro del marco de economía de mercado, apuntando a la incorporación del productor al complejo productivo social. Es la única alternativa para poder preservar a la actividad y compartir entre todos, productores y molineros, el negocio yerbatera dentro de un marco de desarrollo rural socialmente aceptable. De no ser así, asistiremos a la desaparición del productor”.
