Sin embargo referentes locales sostienen que es una maniobra discrecional del Estado para cubrir faltantes de caja y, por no cumplir en tiempo y forma con los pagos a algunos exportadores damnificados de la provincia, ya piensan en recurrir a la vía judicial para destrabar sumas millonarias.
En un principio
Es decir, si un cliente de cualquier país del mundo compra a un exportador nacional un contenedor que equivale a $ 100, y el comprador factura la operatoria por un monto total de $ 50, para
«Se paga menos en concepto de retenciones y de impuestos a las ganancias y el exportador evita tener que pasar por los controles del Banco Central si es que luego tiene intenciones de retirar el dinero del país», indicó un asesor de un Estudio de Comercio Exterior y Aduanas.
«En los paraísos fiscales nadie te cuestiona sobre el origen de los fondos; tampoco es necesario tener residencia en los mismos para operar y jamás blanquean el nombre de los clientes ni su capital. A contramano, alrededor de $ 30.000 es el gasto por ingresar legalmente el dinero en
Lo cierto es que más allá de la naturaleza ilegal de las transacciones, pareciera que el solo hecho de vender a un país considerado paraíso fiscal (cumpliendo con todas las disposiciones formales de
De hecho, si el exportador vendió a un cliente que está en la lista negra de
Es por este último motivo que los reclamos del sector vitivinícola siguen latentes. Para los empresarios de esta actividad los retrasos por reintegros por exportaciones y de IVA superan los 6 meses y acumulan una cifra que supera los $ 50 millones, según sus cálculos.
Por este motivo, Juan Carlos Pina, de Bodegas de Argentina, sostuvo que «es difícil que los empresarios del sector vitivinícola subfacturen valores, ya que dejan huellas digitales de toda la operatoria. Además hay marcas y antecedentes de precios definidos».
Esto hace presumir que el solo hecho de vender a paraísos fiscales complicaría la efectivización del dinero.
Soluciones judiciales
Por la falta de respuestas concretas de
A propósito, Gilberto Santamaría, del estudio de abogados Santamaría y Asociados, sostuvo que «el bloqueo en reintegros de exportación (OPFI) no obedece a respaldo normativo alguno. Lo cierto es que esto es un grave atropello a los principios que surgen de nuestra Carta Magna en lo relacionado al principio de legalidad y de jerarquía normativa», agregó el especialista en el tema.
Se ha verificado que hay empresas locales a las que se les ha bloqueado la posibilidad de obtener reintegros que ya estaban en condiciones de cobrar a través del Sistema María, y que han vuelto a la fase anterior de revisión, dijo el abogado.
En la etapa previa a la autorización, las empresas pueden estar sujetas a los bloqueos que dicta
Para exigir los pagos del reintegro, Santamaría dijo que se debe interponer un pronto despacho que, de no progresar, se procederá a realizar una acción de amparo según el artículo 43 de
De
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