Revelaron que con la regularización de unas 250 mil hectáreas y unos 15 mil beneficiarios se estaría afianzando el desarrollo rural económico de la provincia, ya que se contribuiría al reequilibrio socioeconómico de estas familias que hoy no poseen el título. Lo que significa proyectar el presente político rescatando el pasado, plasmado en el valor trascendental de una propiedad.
El proyecto contempla que la transferencia se realice a título oneroso con un precio fijado por el Poder Ejecutivo, que podría establecer valores promocionales, mientras que la autoridad de aplicación y el interesado deberán suscribir un instrumento de venta en el cual se determinen cuotas anuales, hasta un plazo máximo de diez años. En el caso de que el interesado opte por el pago al contado, se beneficiaría con una quita del 30 por ciento del monto total.
Detalles del proyecto
Las personas físicas deberán acreditar la utilización del inmueble con fines sociales o con utilidad para el desarrollo económico provincial o municipal. En tanto, las personas físicas deben haber realizado la ocupación legalmente o sin haber afectado derechos subjetivos de terceros, entre otros requisitos.
Para realizarse la transferencia no sería necesario acreditar el pago de impuestos y tasas provinciales que gravan el inmueble. Para el pago de dichos tributos, el beneficiario tendría un plazo perentorio de cinco años desde la fecha de la inscripción en el Registro de
Los beneficiarios no podrán ser propietarios de otros inmuebles en la provincia, ni adjudicatarios de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.