Una exhaustiva investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) –iniciada en julio de 2009– terminó con la detención de tres personas que integraban una organización criminal dedicada a la generación de “empresas fantasmas”, con el fin de “blanquear” las operaciones marginales de producciones agrícolas.
Según cálculos preliminares realizados por el fisco, se habrían canalizado operaciones por un valor superior a 600 millones de pesos; equivalente a unas 800.000 toneladas de soja.
Las primeras sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron de las tareas de inteligencia realizadas por la AFIP Regional Córdoba. Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.
Por los procedimientos realizados la justicia resolvió la detención de Carlos Conte, de 40 años que fuera arrestado en un estudio contable de Alta Córdoba; Miguel Ángel Seri, de 50 años, detenido en el Country Lomas de la Carolina, y Luciano Salvucci de 35 años.
Las detenciones -y una docena de allanamientos realizados en Villa María, Córdoba, Camilo Aldao, Bell Ville, Oncativo y Manfredi- fueron dispuestos por el Juzgado Federal de Villa María, a cargo del Dr. Mario Eugenio Garzón.
Según informó la AFIP la operatoria ilegal ser realizaba con empresas fantasmas, cuyas denominaciones eran: Rocerco SRL; JH SRL; Cooperativa Agrícola Ganadera, Forestal y granjera unión LTD y Corcecam SRL.
Las maniobras
La ingeniería diseñada para ocultar a los reales productores de granos incluía a “prestanombres” y testaferros que formaban parte de sociedades comerciales, mutuales y cooperativas.
Los integrantes de esta banda creaban y administraban decenas de “carpetas” de contribuyentes falsos, cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos dueños, quienes no tributan impuesto alguno al fisco.
Otra maniobra detectada consistía en la simulación de gastos e insumos destinados a la producción agrícola, vulgarmente conocida como “venta de facturas truchas”, la que se complementaba con el “servicio” de simulación en el cumplimiento de medios de pago exigidos por la Ley Antievasión (movimientos bancarios y emisión de cheques a nombre de insolventes).
Los allanamientos
Los operativos fueron llevados a cabo por personal de la Policía Federal Argentina de las delegaciones de las ciudades de Córdoba, Villa María y Bell Ville junto a un centenar de agentes de la AFIP.
La principal figura que se les imputa a los tres apresados por la justica, a quienes el juez Garzón tomará declaración indagatoria, es la de asociación ilícita fiscal tipificada en el art. 15 inc. c) de la Ley 24.769.
En la norma se prevén penas de prisión de 3 años y 6 meses a 10 años. Para el caso de los que resulten ser jefe y organizador del delito la pena mínima se elevará a 5 años de prisión, y en ningún caso sería excarcelable, concretarse la condena efectiva.
En los allanamientos, se secuestró documentación de otras “empresas fantasmas”, carpetas de contribuyentes insolventes o usinas «en preparación”, precisó la AFIP, además de cartas de porte, facturas truchas, claves fiscales de diversos contribuyentes, contratos constitutivos, comerciales y financieros, poderes generales de administración y para actuar ante la AFIP, y una gran cantidad de cheques, valores y chequeras que reflejaban el cuantioso movimiento económico de la organización.