Apuntalando la agricultura familiar lograremos la soberanía alimentaria*

En las décadas del 70, 80 y hasta el 90 se promovía el agro negocio a nivel país, que se traducía en concentración de la tierra, la producción y la riqueza y elevados precios de los productos agropecuarios. Al mismo tiempo ese modelo expulsó al desarraigo a miles de familias agricultoras, que pasaron a engrosar los cordones de pobreza de las ciudades.

El sistema neoliberal económico de esas décadas generó distintos vaivenes en la economía nacional. En esa instancia surgieron diversos planes, como el Austral, que no aportaron a mejorar la situación de los trabajadores y pequeños productores de Misiones.

A comienzo de los 90, uno de los sectores que más sufrió fue la economía regional, debido a que se eliminaron todas las regulaciones por parte del Estado, como la Comisión Reguladora de la yerba Mate, la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Es decir, desapareció todo lo que significaba intervención del Estado como actor regulador de las economías y se consideraba que el mercado todo lo corregía.

La agricultura familiar en esa instancia se consideraba que no era viable por una cuestión de escala, porque con 25 o 30 hectáreas un productor no podía ser competitivo, no podía producir. El mensaje era: grandes extensiones con monocultivo. Ante este panorama, los productores misioneros no tenían ingresos, ni recursos para comprar esos productos en los países vecinos. En ese tiempo, la estrategia de autoconsumo entró en riesgo y se llegó al extremo de tener niños desnutridos en la zona rural.

Estilo de vida

La chacra para el productor no es solo comercial, es un estilo de vida, si deja de ser productor no sólo deja de ser partícipe de la economía sino que pierde su esencia como persona. Entonces, en 1993-1994, la alternativa era congregarse y hacer la más fácil: salir a reclamar, protestar y a esperar la ayuda o modificación del sistema que existía en ese momento.

Pero hubo quienes no lo vieron así, entendieron que la salida era unirse entre los productores para mejorar la situación de las chacras. Así fue que el Movimiento Agrario de Misiones, liderado por Michel Guilbart, -acompañado por el ingeniero Roberto Cametti de la Secretaría de Agricultura de la Nación- comenzó a delinear con los productores de qué manera podían trabajar para garantizar el autoconsumo como primera instancia. El objetivo primordial era lograr que la familia tenga con qué alimentarse.

En ese contexto cobra vigencia el rol de la agricultura familiar como promotora de un mejor nivel de vida, generadora de empleos, que pone freno al éxodo permanente de los pobres de la chacra a las ciudades y apunta a garantizar la soberanía alimentaria.

Cuando el autoconsumo estuvo garantizado, se comenzó a ver la posibilidad de que el colono comercialice en forma directa su producción. Como primer paso se realizaron numerosos talleres de capacitación sobre estrategias de venta. En ese ámbito se observó que la mejor alternativa era organizar un centro de venta de los productos de la chacra: una feria franca.

Regulación

La primera feria franca nació el 26 de agosto de 1995 en Oberá, fueron siete mujeres las que se animaron a dar el paso a conformar ese espacio de venta e iniciar el proyecto. Hoy son más de tres mil familias las involucradas en las ferias francas. A partir de ese momento comienza un vínculo con las ciudades que crecían a espaldas del sector productivo

Luego, otras localidades imitaron la iniciativa de Oberá y en tres años se conformaron doce ferias francas en toda la provincia. Y en septiembre de 1998, Posadas tuvo la primera feria, con el correr de los años la idea se fue multiplicando en otros barrios de la ciudad: hoy son nueve los puntos ventas.

En Argentina, la pequeña agricultura familiar abarca el 66 por ciento de los establecimientos agropecuarios, ocupa el 13,5 por ciento de la superficie, dato que se traduce en más de 23 millones de hectáreas, según el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar del INTA.

Entonces, una política de desarrollo rural debe partir de la base de la recuperación de la capacidad regulatoria del Estado, en todos los aspectos que hacen a la actividad agraria. Desde ese rol regulador del Estado, las políticas de desarrollo rural deben garantizar la inclusión de las familias rurales en un proceso pleno de crecimiento y desarrollo. Cuando se habla de desarrollo, no solo se debe identificar que actividad productiva, sino cuál es la que mejor se comercializa y genera las condiciones para que esa persona pueda vivir en el medio rural.

Ahora, con la sanción de la ley de Ferias Francas, esa actividad que se realiza en Misiones desde hace quince años tendrá un marco regulatorio, que permitirá al pequeño productor una estabilidad y permanecer en la chacra, donde se siente cómodo. Pero no solo es necesario promover una actividad productiva y defenderlo comercialmente, sino que el desarrollo rural implica generar las condiciones adecuadas de infraestructuras y de servicios como rutas, electricidad, viviendas, educación y acceso a la salud, cuestiones que el gobierno de la Renovación viene realizando activamente.