El Ministerio de Agroindustria empezará a delinear la asistencia a las zonas agropecuarias afectadas por la crecida de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.
Para esto convocará para la primera semana de enero a los funcionarios de las provincias afectadas para que hagan un relevamiento de las necesidades en cada una de las localidades a donde llego el agua. Se activaran los $500 millones establecidos por ley para este tipo de contingencias.
“Estamos evaluando convocar para la primera semana de enero a la Comisión de Emergencia Agropecuaria, con la participación de los ministros de Producción de las provincias afectadas”, señaló el responsable del área, Ricardo Buryaile mediante un comunicado de prensa.
Según un cable de la agencia NA, el ministro recorrió el sábado pasado Clorinda, ciudad ubicada a 10 kilómetros de la desembocadura del río Paraguay, donde se han registrado alrededor de 2.000 evacuados por la subida de los ríos.
Una de las preocupaciones pasa por la ganadería vacuna apostada en las islas de Entre Ríos, sin embargo productores consultados señalaron a este diario “que se previó con anticipación la salida de los animales de las zonas más altas”. Se estima que alrededor de 160.000 cabezas de ganado ya se encuentran fuera de las zonas inundables.
El problema que siempre se genera en las islas pasa por la dificultad a la hora de ubicar a la hacienda. Pero este año muchos dueños de campo no pudieron arrendar sus campos a la agricultura quedando espacio para la ganadería.
Precisamente para contabilizar los daños, es que hoy comenzará a trazarse la estrategia de asistencia para el sector en una reunión que mantendrán el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, y el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, con la Dirección Nacional de Emergencia, la Oficina de Riesgo Agropecuario y los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional del Agua (INA).
Para Buryaile “la preocupación pasa por si el río Paraguay va a seguir creciendo y cuál será el plan sanitario a implementar”.
Según lo establecido por la ley 26.509, su aplicación permite otorgar préstamos para la recuperación de las economías de los ruralistas afectados, o el mantenimiento de su personal. Además de la postergación en el pago de impuestos como Bienes Personales y Ganancias, por 90 días.
Vale recordar que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, está integrado por un representante de los ministerios de Producción, Economía e Interior; de la Secretaría de Agricultura; del Servicio Meteorológico Nacional; INTA; Banco de la Nación; Banco Central; AFIP; de las entidades del campo y de las provincias afectadas.
Más allá de las futuras evaluaciones, ya hay continuas comunicaciones desde el Estado Nacional con organismos técnicos para definir la asistencia inmediata, mientras se realizan estimaciones de las zonas afectadas rurales. Con esos datos, se pondrá en marcha la ayuda con alimentación e infraestructura ganadera.
