El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cristián Amuchástegui, advirtió que la escalada de los costos y las prácticas intervencionistas de las autoridades resultarán en un recorte del área de siembra de hasta un 30 por ciento en el 2011/2012.
«El gobierno, si no puede controlar la inflación, tendrá que devaluar o habrá resultados muy malos en lo que es la producción agrícola», señaló Amuchástegui, quien consideró que «esta campaña también va a estar un poco afectada, porque si sigue la inflación en estos términos que se dice que va a dar, le va a costar mucho al productor sembrar».
Amuchástegui prevé que, si la situación no se modifica, en 2011/2012 «todas las zonas marginales van a dejar de sembrar» soja, maíz y trigo, los principales cultivos del país sudamericano. Esas zonas representan entre el 25 por ciento y el 30 por ciento del área total implantada actualmente.
Representantes de la mesa de enlace agropecuaria, que en el 2008 sumergió al gobierno en una crisis mediante una serie de protestas y huelgas en rechazo a un alza del impuesto a las exportaciones de soja, también reclamaron recientemente una depreciación del peso argentino.
La inquietud por el futuro inmediato llevó a los agricultores argentinos a demorar sus ventas de soja, cultivo estrella del país sudamericano, que es el tercer exportador mundial de la oleaginosa y el primero de aceite y harina derivados.
«Está bastante quieto el productor de soja, esperando que de alguna manera haya mejores señales desde el gobierno hacia los sistemas comerciales», explicó Amuchástegui, que calculó que actualmente los agricultores retienen más de la mitad de la cosecha, prevista en un récord de 53,5 millones de toneladas.
En cuanto al maíz, la retención de granos de parte de los productores alcanzaría entre el 10 y el 15 por ciento del volumen disponible.
Mesa de enlace
La mesa de enlace agropecuaria mantuvo ayer un encuentro por el término de cuatro horas ,que no logró acercar posiciones entre las entidades sobre temas claves como retenciones, los cambios a la Oncca y la posibilidad de pedir una nueva audiencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.