Tras la realización de un abrazo simbólico al Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), en la sede oficial de ese organismo en la localidad de Posadas, productores, cooperativas y asociaciones yerbateras firmaron ayer la adhesión a una medida cautelar, que será presentada ante el ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de lograr la restitución de facultades que permitan volver a regular el precio de esa materia prima.
El planteo refiere a dos amparos que habían sido presentados luego de la publicación del Decreto 70/2023 en el que se estipuló la desregulación del INYM, los cuales obtuvieron el visto bueno de la Cámara Federal de Posadas.
“Lo que motiva esos primeros amparos fue la invocación del derecho a la salud. Sucede que el INYM, junto al Instituto de Previsión Social de la provincia, tenía un convenio para garantizar el acceso a la salud a partir de una pequeña obra social. Eso con la desregulación estaba en riesgo. En enero de 2024 la jueza Fiori, de feria, da lugar al recurso y suspende el capítulo yerbatero del decreto. No obstante, nunca se avanzó en acto administrativo de designar a un presidente. Esa omisión ya conforma un delito”, explicó el abogado Federico Padolsky, uno de los letrados que patrocinan a los productores.
Al planteo por “desobediencia judicial”, el escrito suma el de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” contra el presidente Milei, “el de abuso de autoridad y el de usurpación de cargo”.
Dentro del pedido de cautelar, los productores enumeraron un listado de los “daños que provoca esta acefalia del INYM ante la falta de regulación del precio de la yerba”.
En primera instancia, indicaron que “la OMISIÓN del dictado del acto administrativo por parte del PEN, ocasionó un “vacío” institucional del INYM, que fue aprovechado por el OLIGOPOLIO YERBATERO para imponer mediante el derrumbe del precio de la materia prima, una brutal transferencia de riquezas del sector de la producción (y especialmente de la agricultura familiar) hacia el complejo “yerbatero industrial”, el que se ha enriquecido ilícitamente (sin justa causa) a costa del DESPOJO del trabajo de miles de familias agrarias (agricultores y tareferos)”.
Explicaron que esto condujo a que, durante la cosecha gruesa de 2024, el precio del kilo de hoja verde en secadero se derrumbara de los 370 pesos en que regían en diciembre de 2023, a los 180 pesos en promedio.
En su documento, los manifestantes precisaron que “si tomamos como base el 71% de la hoja verde es ofertada por los productores primarios con superficies menores a 100 has de cultivo, en el año 2024 con una cosecha que rondó los 986,7 millones de kilogramos, este sector aportó 700.557.000 kg. Multiplicados por esos $200 que perdieron, dejaron de percibir alrededor de $140.111.400.000, lo que importa una transferencia fenomenal de riqueza desde el 99% del sector primario a favor del oligopolio “terrateniente-industrial- comercial” yerbatero, generando un cuadro de situación de ingresos de indigencia en los 12.000 pequeños productores familiares y en los 15.000 cosecheros de yerba mate (tareferos)”.
Los productores también mencionaron cuestiones como el abuso de posición dominante de la industria; el deterioro de calidad de la yerba, ante la modificación de las normas de control y calidad; el impacto social de la medida, que dejó a muchos trabajadores ante la imposibilidad de cubrir la canasta básica, entre otros puntos.