Opiniones encontradas con respecto a la Ley de expropiación de tierras a Alto Paraná SA

 Por medio de la ley se obliga a la empresa Alto Paraná a integrar un «Consejo de Cesión de Explotación de la Tierra«, junto a la participación de representantes del Ministerio del Agro y Producción, Ecología, Inta, municipios intervinientes y asociaciones de productores y organizaciones intermedias de los municipios afectados, dicho Concejo será el que decidirá el uso de un porcentaje de las tierras de propiedad privada de la Empresa en cuestión.

Prestigioso economista opina que esta ley desalienta  futuras inversiones

Al respecto de este tema, en un programa televisivo emitido recientemente, entrevistaron al Investigador Jefe de la IERAL-Fundación Mediterránea, Gerardo Alonso Schwarz, quien realizó un análisis socioeconómico y político de la iniciativa del diputado Maciel y explicó sus posibles impactos por distintos canales, evaluando tres puntos clave que desalientan a futuras inversiones.

“Primero, considero que Misiones debe definir hacia adelante si quiere atraer capital extranjero, sean empresas o personas físicas extranjeras que puedan tener o no tierras en la provincia. Esta discusión corre por una vía política, que implicaría también un cambio a futuro en la legislación de Misiones y sus consecuencias, lo que debe ser tenido en cuenta”, dijo.

En segundo lugar, Schwarz, consideró que al tratarse de un proyecto que apunta a la “cesión de la explotación de la tierra” de una propiedad privada, “se están refiriendo a propiedades de una empresa que ya decidió invertir en Misiones en un proyecto foresto-industrial, por lo tanto, aún cuando apunten a crear un “Consejo” y aunque éste estuviera integrado incluso por la empresa, creemos que como señal de mercado es claramente negativa para la inversión extranjera”, dijo.

“Siempre desde el Estado se expone de la necesidad de que lleguen nuevas industrias, tanto desde la Provincia como Nación, y se destaca la importancia que han tenido la radicación de las mismas en Misiones, como es el caso de la fábrica de zapatillas en Eldorado o las inversiones millonarias que llegaron a Iguazú. Pero con esta iniciativa se estaría evaluando una legislación que generará, sin dudas, algún ruido en las potenciales inversiones que aún no llegaron a Misiones, o en la toma de decisiones futuras de cualquier medida económica que pudiera existir. El impacto que genera estas señales para las expectativas de mercado no serán muy favorables”, advirtió.

En este sentido, explicó que la “clave para el crecimiento de largo plazo es la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego clara, el cambio de estas reglas de juego generan ruido sobre las posibles inversiones que se estén evaluando, en el caso que estén considerando, y que todavía no han llegado, en este caso, a Misiones”.

Finalmente, sobre la iniciativa de Maciel, analizó un tercer factor que sostuvo tendrá un impacto con esta legislación. “Si bien en esta Comisión que crearían, se contempla la opinión de APSA; la realidad es que la mayoría de votos la tendrán los integrantes representantes del Estado a nivel local y provincial; y mas allá de esto,  llama la atención como señal de mercado que se haga hincapié en una sola empresa, porque podremos discutir si, en adelante, la propiedad de la tierra pueda estar o no en manos de extranjeros o empresarios, o cual sería el uso que pudieran darle en la zona norte a esta tierra por medio del Ordenamiento Territorial y definir que tipo de destino productivo y explotaciones puede haber; pero llegar al punto de detalle donde se mencione específicamente o se legisle analizando a una sola empresa en el proyecto, llama mucho la atención y genera aún mayores ruidos a estas señales que mencionamos anteriormente que se están enviando a los mercados desde Misiones. Esto es importante de tener en cuenta, porque si una nueva empresa extranjera quiere venir a invertir a Misiones generando trabajo de 500 a 2000 empleados con una potencial nueva fabrica , ahora tendrá que pensar si realmente existe la posibilidad cierta de que en el futuro no le suceda lo mismo. Concretamente, se desalienta las inversiones”, concluyó.

Desde la Asociación Forestal Argentina opinan que esto provocará inseguridad jurídica y atenta contra la inversión

Otra de las manifestaciones con respecto a la normativa que se está analizando, es la del gerente de la Asociación Forestal Argentina Regional NEA, José Saiz, quien aseguró en diferentes medios radiales que la iniciativa del diputado Ricardo Maciel de “recuperar tierras de Alto Paraná para la producción de alimentos, está basado en mitos, provoca inseguridad jurídica y atenta contra la inversión».

 “Y digo mitos pues, cuando se habla de 300.000 hectáreas en manos de extranjeros, quiero suponer que se incluye en las mismas a las tierras de los colonos de los más diversos orígenes que pueblan esta provincia”.

“Ahora, si consideramos empresas extranjeras únicamente a las del sector forestal, debemos mencionar a una de capitales chilenos, en el Norte, que tiene una superficie total de 230.000 hectáreas (7,6 % del territorio provincial) de las cuales un 50% se destina a la producción de madera con bosques de cultivo y otro 50% a la conservación de bosques nativos, monte y selva”.

En tanto, detalló que la otra empresa  extranjera, de capitales alemanes, e instalada en el Sur, “no llega a las 15.000 hectáreas (0,5% de la superficie misionera), con un 65% cubierta con plantaciones forestales. Y aclaro esto pues otro mito es el de la superficie cubierta con forestaciones,  que llegan a superar el 12% de la provincia; y así seguimos, como cuando se habla de que no genera trabajo, puesto que si consideramos toda la cadena productiva,  desde el vivero hasta la vivienda o el mueble de madera, la mano de obra ocupada supera muy ampliamente al del resto de las actividades productivas misioneras”, dijo.

Sobre este planteo, profesionales del sector aseguran que el 3,5% de las tierras productivas de APSA  generan recursos en forma directa, indirecta y por efecto multiplicador a más de 50.000 personas. Mientras que Saiz aclaró que la adquisición de las propiedades por parte de la empresa, por lo menos la mayor parte de su superficie, proviene de la compra grandes propietarios (CASA, CPP, PeCom, Safac, Columba, Mate Larangeira, MBM, entre otras), mientras que, según información de público dominio, la adquirida a pequeños propietarios (colonos) no llega a las 5.000 hectáreas, lo que implica un 2,2% de su patrimonio territorial. Saiz consideró que “es extraña la actual postura de algunos representantes legislativos cuando dichas compras no fueron objetadas por ningún poder público, ni nacional ni provincial. Y por otra parte, cabría preguntarse el porque de la oferta de venta por parte de los colonos; seguramente la respuesta estaría centrada en el abandono en que se hallaba el habitante de las chacras, con la falta de electricidad, caminos, educación, salud, de precios para sus producciones, y algunos etcéteras más, que provocaron, lo que continúa aún, el éxodo de la población rural a los centros urbanos”, opinó.

El directivo de Afoa NEA concluyó que “evidentemente el problema de la intrusión existe y todo indica que puede agravarse en el futuro, lo que incrementa la incertidumbre y la inseguridad jurídica de potenciales inversores”.

“Está en manos de las autoridades el control de los intrusos y convocar a todos los involucrados en el tema a discutir una solución duradera, en una mesa con todos los actores”, opinó.