El estudio registra los valores para esos bienes, tanto en Uruguay como en Brasil, para su posterior comparación con los de Argentina, medidos en dólares.
La conclusión principal del trabajo es que es posible observar una distorsión notable en casi todos los precios relevados.
En el caso de las frutas y verduras las distorsiones no son muy claras puesto que están influenciadas por factores estaciónales. Sin embargo, se pueden observar claramente los precios inferiores que los consumidores argentinos pagan por alimentos que se producen en el país.
Por citar algunos ejemplos, se puede mencionar el caso del precio del pan lacteado, el cual es en argentina un 46% menor que el pagado por los consumidores uruguayos y un 63% menos que el que se paga en Brasil. La carne en el país es un 45% más barata que en Uruguay y un 31% con relación a Brasil. Lo mismo para el aceite de girasol, el cual en el país carioca cuesta un poco mas de dos veces lo que en Argentina.
Es importante mencionar que no son sólo los precios de los alimentos los cuales sufren distorsiones, sino también numerosos servicios públicos que permanecen prácticamente invariantes en relación con el de otros bienes. Esto fue posible, gracias a las grandes sumas de dinero que el estado aporta a fin de mantenerlos congelados.
Esta distorsión es explicada a partir de: “Acuerdos” de precios, retenciones, cuotas de exportaciones y demás medidas que
Esta situación ha generado diversos conflictos con numerosos sectores privados, dado que el freno a los precios se realiza a costa de sus márgenes de ganancias. De esta manera se generan, para productores y empresarios, desincentivos a invertir en el sector. En aquellos casos más graves, como es el de la leche y la carne, directamente muchos optaron por retirarse del mercado dado que la ecuación de rentabilidad no les cerraba.
La contra cara de esta situación, se visualiza si se eliminaran todas estas medidas “distorsivas”. En consecuencia, el sector de la sociedad mas pobre, tendría que enfrentarse a precios de alimentos y servicios públicos más elevados.
En 2001 el gasto en alimentos y bebidas, realizado por el sector más pobre de la sociedad representaba el 50%. En el 2008 este gasto representó un 61,2%.
Esto pone al gobierno en una disyuntiva. Por un lado acotar el margen de ganancia de los empresarios y aumentar cada vez mas el gasto en subsidios de tarifas, lo que podría significar una menor inversión privada, emisión monetaria para cubrir déficit, más inflación y por último menor crecimiento en el mediano plazo. Por otro lado, liberar todos los precios; lo que significaría un fuerte shock de tarifas con grandes consecuencias sociales y políticas.
La solución seguramente habrá que encontrarla en un término medio de políticas, que garanticen ambas cosas. Crecimiento económico y un costo de vida accesible a todas las personas.
FUENTE: abeceb.com
