Con más retrocesos que avances los intentos por modificar la legislación sobre el arrendamiento cobró auge durante la discusión por la 125, cuando el oficialismo pareció tentar a la FAA para recibir su apoyo a la medida en el Congreso a cambio de la media sanción de la ley de Contratos Agrarios que impulsaba la entidad.
A partir de marzo de este año esa iniciativa perdió estado parlamentario, pese a que se estuvo dando vueltas sobre una alternativa hasta fines de 2009, tanto desde el bloque oficialista, como desde la oposición, y en no pocos casos de manera conjunta.
En 2010 todo volvió a fojas cero. Si bien desde las bancas ruralistas ya anticiparon que volverán a presentar el proyecto originado en el seno de la FAA, Pablo Orsolini su principal impulsor, quiere tantear el terreno dentro del bloque radical que también integra para asegurarse una aceptación en el frente interno.
Pero otros bloque ya hicieron punta en este nuevo intento de modificar la ley de arrendamientos cuya últimos cambios datan de 1980, cuando las urnas estaban bien guardadas, y los generales de turno concentraban el poder legislativo, jamás cedido por la ciudadanía.
Sabido es que el tema ha roto el equilibrio de la mesa de enlace que integran las cuatro entidades en representación de los productores agropecuarios. Las organizaciones más reacias a modificar el status quo en materia de arrendamientos que cristalizaron los militares son CRA y la SRA.
FAA ha impulsado abiertamente la modificación, en tanto que el cooperativismo que representa Coninagro no se ha pronunciado por el rechazo a la reforma, aunque tampoco ha demostrado una defensa entusiasta por las modificaciones.
Nuevos proyectos
Mientras tanto dos iniciativas ingresaron por mesa de entradas de la Cámara de Diputados en los últimos días con la esperanza de cambiar el régimen de arrendamientos y aparcerías rurales.
La primera propuesta fue elevada por la CC con la diputada santafesina Susana García encabezando la lista de legisladores. Uno de los principales ejes de el proyecto presentado por los seguidores de Lilita Carrió es la sustentabilidad de los suelos.
“En principio notamos que la actual modalidad de arrendamiento no garantiza la rotación y hace que producciones regionales se vayan perdiendo ante el avance de monocultivos”, señala García, la diputada más antigua en la comisión de Agricultura de la Cámara baja.
Pero otro de los puntos insoslayables del proyecto apunta a mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores. Debido a un alarmante aumento de la superficie media de las empresas agropecuarias en torno a un 23%, solamente para el periodo 1988 a 2002. Cifra que se eleva al 30 o 40% en la región pampeana.
Qué tiene que ver esto con la ley de arrendamientos. La respuesta se esconde en que según García, “la producción en campos arrendados está en el orden del 40 a 50%” del total. Cambiar la ley significaría luego modificar la concentración de quienes alquilan.
Para García es claro “que el arrendatario actual no es el mismo de la Ley de 1948: hoy hay grandes grupos capitalistas que arriendan miles de hectáreas de campo y también están pidiendo que los contratos se hagan a más largo plazo y menor precio”.
Otro de los diputados que también presentó una legislación alternativa para los arrendamientos es el entrerriano Lisandro Viale (Socialista), con el acompañamiento de otros dos legisladores referentes del espacio de centro izquierda: Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires) y Eduardo Macaluse (SI-Buenos Aires).
La primera busca dar forma a un espacio progresista con el radicalismo, y está cada vez más cerca de Ricardo Alfonsín, y cada vez más lejos de su anterior aliada Elisa Carrió. Macaluse podría sumar los votos de sus aliados Pino Solanas y el economista Claudio Lozano referente de la CTA, y próximo a la FAA.
Viale propone derogar la actual ley de arrendamientos y en su lugar sancionar un extenso proyecto de 68 artículos que ya presentó en la Federación Agraria de Gualeguay, Entre Ríos, ante productores locales.
El propio Viale, productor e ingeniero agrónomo, remarca la extensión de la iniciativa y califica a su proyecto “casi como un código agrario” porque “en cada uno de sus artículos se ha volcado la experiencia de casi un siglo de gremialismo agrario, reflejadas en el antiguo articulado de la 13.246 y actualizadas a su vez de acuerdo a criterios modernos de legislación agraria”, asegura.
El voluminoso proyecto se justifica en que “se ha vuelto a trabajar el campo sin contratos y año a año se fijan condiciones leoninas, con precios de los arriendos que duplicaron los valores que hoy se pueden considerar razonables”, sostiene Viale. Y da ejemplos: “Esto sucede en Máximo Paz, uno de los focos donde nació el histórico Grito de 1912 y en donde se llegó a pedir 22 quintales por hectárea, el 60% del rendimiento promedio esperable”.
Para el diputado socialista la ley de arrendamientos vigente “pasó a ser un cascarón vacío, a partir de la modificación de 1980 que tornó relativa la duración de los contratos. A partir de allí comenzó un éxodo agrario que no ha cesado hasta hoy” y que la democracia no ha conseguido saldar.
Ambos proyectos, el de García y Viale, establecen un plazo mínimo para los arrendamientos en cuatro años. También crean un Registro para inscribir los contratos bajo la órbita del Ministerio de Agricultura. La legisladora santafesina restituye varios de los artículos derogados en 1980 sobre la ley 13.246, poniendo énfasis en el cuidado de los suelos y su conservación.
Viale, comparte esa preocupación, estableciendo por ejemplo rotación de cultivos con gramíneas, pero también establece “precios de referencia” para los alquileres que desinflaría los aumentos de los arriendos que se basan más en una acción especulativa que en auténtica necesidad.
Estos precios de referencia serían publicados para el conocimiento de todos los interesados para “fijar un parámetro que permita visualizar lo que hasta ahora el chacarero no sabe a ciencia cierta, es decir, qué es lo “normal” en el cobro de precios de arriendos y fijación de porcentajes de aparcería”.
Otra de las innovaciones que propone el socialista es evitar la distorsión al fijar precios de arriendos en valor soja para cualquier tipo de producción.
“Como en cualquier actividad económica, el valor del alquiler debe guardar relación con la evolución de la misma, en especial su rentabilidad particular. La producción agropecuaria no es ajena a esta regla general, y no existe justificación para que el valor soja sea el índice por el que se ajustan los arrendamientos”, sostiene Viale.
“Entendemos que debe suceder lo mismo con todas las actividades, si se cultiva maíz, fijar los arriendos en maíz; si lo que se hace es leche o carne, los precios de arrendamiento referidos a productos serán precisamente de leche o carne, respectivamente”, añade.
El legislador entrerriano asegura que el despoblamiento que se percibe en el campo es fruto de una ausencia de políticas agropecuarias a lo largo de los casi 27 años de democracia.
“La falta de planificación puede atribuirse al Poder Ejecutivo, pero también tiene el Congreso su cuota de responsabilidad por no haber creado las leyes necesarias para que el campo no se transforme en un desierto verde”, fundamenta.
“En definitiva –resume el diputado– dos décadas han demostrado que, dejando la producción agropecuaria librada al arbitrio de la libre circulación de capital -aunque con medidas macroeconómicas diferentes- 160 mil productores desaparecieron del campo”.