«Con este proyecto de Ley estamos protegiendo más de 200 millones de hectáreas argentinas, asegurando que el 80 por ciento de la tierra apta para la producción de alimentos y servicios ambientales quede en manos nacionales», afirmó Julián Domínguez.
En tal sentido, Domínguez sostuvo que «las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscribe dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos así como su derecho a la independencia económica».
Así lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado, con jerarquía constitucional a nuestra Carta Magna (artículo 75, inciso 22) luego de la reforma Constitucional del año 1994.
«Nuestro proyecto limita la propiedad y tenencia extranjera de las tierras rurales siguiendo al derecho comparado y teniendo en cuenta los diversos proyectos sobre la materia presentados en el Honorable Congreso Nacional», argumentó Domínguez.
El alto funcionario agregó que «para realizar este proyecto de ley se tuvo en cuenta legislaciones de países tales como Brasil, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Canadá, entre otras».
Si bien
En este sentido, el ministro de Agricultura aseguró que «se procura efectivizar el derecho irrenunciable del Gobierno Nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales».