La iniciativa promovida por la Cámara de Tabaco de Jujuy y elevada a través de un proyecto rubricado por los senadores jujeños Guillermo Jenefes y Gerardo Morales y sus pares José Cano, Sonia Escudero y Daniel Filmus, crea el Programa Nacional de Prevención y Control del Comercio Ilegal de Productos Elaborados con Tabaco el que tendrá por objeto prevenir y controlar la comisión de ilícitos tributarios, contrabando, competencia desleal y toda forma ilícita de comercialización de todo producto elaborado con tabaco.
El senador Gerardo Morales consideró que la norma contribuirá a reducir ilícitos que afectan al sector tabacalero -principal generador privado de mano de obra en provincias como Jujuy, salta y Misiones- y ayudará a sacar de circulación productos que no responden a estándares mínimos de calidad.
“Hemos logrado avanzar en la sanción de una norma que tendrá importante impacto en el sector” afirmó el senador y consideró que es vital combatir el contrabando no sólo porque provoca un efecto negativo en la economía del tabaco, sino porque además promueve el consumo de productos que no responden a estándares mínimos de calidad”.
Según señala la norma, el Ministerio del Interior de la Nación tendrá a su cargo la elaboración y ejecución del Programa, para lo cual podrá celebrar convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio del Interior de la Nación determinará las acciones que deberán llevarse a cabo en las zonas de frontera, de acuerdo con las características de cada una de ellas, y dispondrá lo necesario para su ejecución. También deberá disponer la creación, capacitación y coordinación de una fuerza de seguridad especializada en la materia, que actuará bajo su dirección, integrada por efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal.
Además, la norma crea una Comisión Nacional de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos Elaborados con Tabaco, que estará integrada por un representante del Ministerio de Economía, dos representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos; un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación; un representante del Ministerio de Salud de La Nación; dos representantes del sector productivo primario de tabaco y dos representantes del sector industrial del tabaco.
La Comisión citada tendrá como funciones “evaluar la procedencia y cantidad de productos elaborados con tabaco que ingresan en forma ilegal al país”, “identificar los mecanismos de ingreso ilegal de productos elaborados con tabaco”, “promover políticas internas activas de lucha contra el contrabando y comercio ilegal de productos elaborados con tabaco y proponer las modificaciones normativas pertinentes”; “promover políticas comunes, en el ámbito del MERCOSUR, a los fines de desalentar el contrabando y toda otra forma de comercio ilegal de productos elaborados con tabaco” y “evaluar, perfeccionar y proponer formas, metodologías y mecanismos de control en las fronteras”.
En los fundamentos del proyecto, lo senadores destacaron que “la producción de tabaco en la Argentina, localizada principalmente en las provincias del Noroeste y el Noreste, requiere preferente atención por parte del Estado, si se tiene en cuenta la necesidad de alcanzar mecanismos que estimulen el esfuerzo que requiere una producción eficiente, sin dejar de atender los aspectos sociales y económicos regionales”.
Después de destacar que alrededor de 1.000.000 de personas dependen de la actividad tabacalera en nuestro país y genera en forma directa e indirecta 360.000 puestos de trabajo, los senadores jujeños refirieron que en particular en Jujuy “el sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia, generando 13.700 puestos de trabajo directos”.
“Esta norma que ahora debe ser ratificada por Diputados constituye una herramienta clave para combatir el contrabando y el comercio ilícito de productos elaborados con tabaco” expresó el senador Gerardo Morales y refirió que es vital para este sector económico reducir los perjuicios que generan estos ilícitos y que ponen en jaque la capacidad de empleabilidad en el campo y la industria.
Fuente: el libertario
