Hacia 2005 el entonces presidente de la nación, Néstor Kirchner, elevó un proyecto de ley para fomentar el desarrollo de la Biotecnología moderna. Una de las razones que justificaban el régimen promocional eran las limitaciones económicas para la inversión que los privados debían afrontar.
“Los altos costos relacionados con la investigación y desarrollo y la producción en escala, implican asimismo elevados costos de inversión para cualquier proyecto de base biotecnológica”, decía Kirchner en el proyecto que rubricaron también el JGM, Alberto Fernández, el de Economía, Roberto Lavagna, y el de Educación, Daniel FIlmus.
Esos costos elevados implicaban que “los institutos y centros del sector público y las universidades nacionales sean hoy, salvo excepciones, los únicos con la capacidad y la escala suficiente para llevar adelante investigaciones de cierto nivel en la materia”, fundamentaba Kirchner.
Para afrontar esos “obstáculos” entre los que “se destaca una insuficiente iniciativa e inversión en investigación y desarrollo por parte de los capitales privados” se pergeñó una ley promocional que llevó unos dos años de discusión en el Congreso de la Nación.
Tanto se prolongó el debate, que la iniciativa del Ejecutivo que había tenido media sanción en el Senado, perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Fue el radicalismo a través del diputado chaqueño Víctor Zimermman el que representó la iniciativa, que finalmente fue aprobada en ambas cámaras parlamentarias hacia mediados de 2007 bajo el número 26.270.
Lo que se implementaba en la ley era una serie de beneficios fiscales e impositivos para fomentar la inversión privada en el desarrollo nacional de biotecnología y la creación de una comisión consultiva para el análisis de los proyectos cuyo dictamen no era vinculante para su aprobación.
La autoridad de aplicación recayó en el Ministerio de Economía, que al momento de sancionarse la ley estaba en manos de Felisa Miceli. Nunca se pudo precisar durante el debate de la ley, que El Enfiteuta presenció en ambas cámaras, cuál sería el costo fiscal de la iniciativa. La razón era que esa necesidad partiría de los proyectos de inversión se presentaran dentro del primer año de aplicación de la norma.
Pero el caso es que desde la sanción, la ley jamás se reglamentó ni se aplicó. Ello a pesar de que la presidencia de la nación la asumió la esposa del autor del proyecto de ley. Fue la misma Cristina Fernández la que avaló con su voto, desde su banca como senadora, la iniciativa que permitía impulsar la inversión en materia de biotecnología.
Según explicaba el actual diputado Néstor Kirchner al Congreso, en su proyecto presidencial del año 2005, “la República Argentina se destaca hoy en día, a nivel mundial, en la producción y exportación de productos” derivados de la biotecnología.
Kirchner destacaba la existencia de unas sesenta empresas usuarias intensivas de biotecnología moderna, que abarcan un amplio abanico de actividades, que va desde la utilización de insumos de origen biotecnológico en los procesos productivos, hasta la elaboración de productos a través de técnicas de ADN recombinante”.
A ello se sumaban el desarrollo “en varias provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, polos, parques e incubadoras de empresas usuarias de biotecnología moderna”. Pese al esfuerzo innovador que existía hace un lustro, “el sistema en su totalidad (público y privado), carece de la coordinación y ejecutividad necesarias para una adecuada transferencia de conocimiento hacia la producción”, remarcaba el actual presidente del PJ.
Precisamente aquel proyecto de ley “ha sido diseñado para apoyar el desarrollo de la biotecnología moderna en dos de sus eslabones más críticos: la fase de investigación y desarrollo y la fase de producción”, resumía Kirchner.
La idea central era que con la ley se pudiera acompañar el desarrollo de un producto, un servicio o un proceso con base en la biotecnología moderna, desde sus primeras fases de investigación y desarrollo, hasta la obtención de un resultado potencialmente patentable.
“Se estima que el modelo de promoción presentado –con subsidios fiscales y apoyos puntuales a la investigación y desarrollo con quince (15) años de vigencia– favorecerá el desarrollo de un sistema de biotecnología moderna nacional sólido y seguro, que participe activamente en el desarrollo económico y social del país”, decía entonces Néstor Kirchner al Congreso.
Ahora cuando se cumplen tres años de la sanción de la ley, y mientras su aplicación se ve demorada por la falta de reglamentación, varios diputados están pidiendo que la actual presidenta cumpla con lo que su esposo había promovido en su momento.
Los diputados Mónica Torfe (Renovador Salta) y Mario Martiarena (Peronismo Jujeño), por un lado y los socialistas Miguel Barrio (Santa Fe), Roy Cortina (CABA), Lisandro Viale (Entre Ríos), Mónica Fein (Santa Fe) y Alicia Ciciliani (Santa Fe), son los autores de proyectos declarativos en los que se solicita al Ejecutivo la reglamentación de la ley.
“Nos resulta llamativo, que siendo una Ley destinada a favorecer el desarrollo nacional, y habiendo surgido con amplio acuerdo entre los bloques, a más de tres años de su promulgación, continúe sin ser reglamentada” explican los socialistas por estos días.
La falta de reglamentación “imposibilita su efectiva aplicación y hace que muchos emprendedores o empresas que estén evaluando la radicación de algún emprendimiento relativo a la biotecnología demoren su realización”.
Ello como es obvio “implica menos puestos de trabajo para los argentinos, y que no podamos aumentar la participación de productos de elevado valor agregado en nuestra producción”.
Con la ley se argumentaba que la Argentina se convertiría en “uno de los países de Sudamérica que disponga de esta herramienta legal”, pero “hoy los hechos nos demuestran que luego de tres años de haber promulgado esta ley, continuamos siendo uno de los países del mundo que no pueden hacer uso de la mencionada herramienta legal” concluyen los legisladores.