Con ese adicional, que estará a cargo del arrendatario, se corre el riesgo de que la presión impositiva total ronde el 80 por ciento.
Economistas argentinos afirman que el proyecto destruirá el negocio agropecuario y mientras que el artículos periodístico sostiene que las grandes empresas de siembra, que cultivan miles de hectáreas en Argentina y el MERCOSUR pagando alquileres, como El Tejar, Los Grobo, MSU y Cazenave & Asociados, entre otras, se verían afectada por la norma. En ese escenario las mega empresas podrían optar por sembrar más en los países limítrofes.
Varias de esas firmas están duplicando sus áreas de siembra en Brasil y Uruguay mientras que en Argentina solo la mantienen. Por su parte, el diputado nacional José Arbo (Liberal-Corrientes) opinó que, de prosperar la iniciativa, se «impulsará a la marginalidad a muchos productores», y que «muchos capitales nacionales elegirán invertir en países vecinos, en busca de rentabilidad y de seguridad jurídica».
Fuente: Observa.com.uy