Mientras Buenos Aires sobreactúa discursos de transparencia, retiene de forma inexplicable 24.000 millones de pesos del FET. Con la yerba en crisis, el productor norteño vuelve a ser el fusible de la burocracia centralista.
En el tablero de las economías regionales argentinas, el productor tabacalero de Misiones sabe perfectamente lo que es lidiar con el clima, los precios del mercado y el esfuerzo desmedido del minifundio. Lo que no debería tolerar es la asfixia deliberada de un Estado nacional que, bajo la bandera de la burocracia o la desidia, decidió “pisar” un dinero que por ley le pertenece a la provincia. Hoy, la deuda de la Nación con los tabacaleros misioneros asciende a la escandalosa cifra de 24.000 millones de pesos correspondientes al denominado «componente del 20%» del Fondo Especial del Tabaco (FET).
La asimetría con la que el centralismo porteño maneja la caja roza la discriminación. Mientras otras provincias tabacaleras ya percibieron casi la totalidad de sus partidas para este ejercicio, a Misiones se le adeudan más de 10.000 millones de pesos que arrastran desde el ejercicio pasado. Las gestiones de la dirigencia local ante la Secretaría de Agricultura de la Nación se convirtieron en un desfile estéril por despachos oficiales: la respuesta es siempre la misma ambigüedad, mientras los Planes Operativos Anuales (POAs) duermen el sueño de los justos en los cajones de Buenos Aires.
Excusas en el puerto, urgencias en la tierra
Desde la Coordinación de Áreas Tabacaleras nacional se llena la boca hablando de «transparencia» como justificación para dilatar los envíos. Un argumento que a esta altura suena a burla caprichosa. La transparencia no se contrapone con la eficiencia, y el control no exige parálisis. Detrás de cada expediente frenado hay realidades urgentes: programas de reconversión productiva paralizados, becas estudiantiles en el limbo y planes sociales críticos frenados, como la provisión de techos para los galpones de curado.
Para colmo, la macroeconomía y la política sectorial ya le pegaron un tiro en la línea de flotación al agro misionero. La quita de facultades regulatorias al INYM desató una severa crisis yerbatera que dejó a miles de familias a la intemperie. En ese escenario desolador, la buena campaña tabacalera actual se perfilaba como el único tanque de oxígeno para sostener la economía rural de la provincia. Pero el alivio es a medias porque el Gobierno nacional prefiere retener los fondos genuinos de los colonos.
Producir a ciegas bajo la amenaza climática
Como si la presión financiera fuera poco, el sector productivo enfrenta la inminente llegada del fenómeno climático «El Niño». Mitigar el impacto de las tormentas y los excesos hídricos en las plantaciones requiere inversión tecnológica e infraestructura inmediata. Sin embargo, exigirle al productor que prevenga el desastre con los bolsillos vacíos es, además de una utopía, una profunda irresponsabilidad civil de los funcionarios nacionales.
Resulta inadmisible que en el universo tabacalero argentino existan productores de primera y de segunda según el código postal. La riqueza se genera en el surco, bajo el sol misionero, pero se administra con criterios políticos e indiferencia a mil kilómetros de distancia. Si la Nación no destraba de inmediato los fondos legítimos que le corresponden a Misiones, no solo estará violando una ley federal; estará empujando al abismo a la base social que sostiene el arraigo rural en el NEA. Ya no quedan márgenes para la espera ni espacio para las respuestas evasivas: que la plata vuelva al suelo donde se sembró.
