El dinero será distribuido por el Banco Nación «en forma automática» y «diaria» y será destinado a tareas de infraestructura social, viviendas, escuelas y cloacas. No podrá ser usado para financiar gastos corrientes. Aunque para el gobierno nacional estos fondos no forman parte de la masa coparticipable, la distribución secundaria se realizará de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley 23.548 de coparticipación.
Del decreto surge que, aunque tiene características parecidas al reparto del impuesto al cheque (se distribuye el 30 por ciento mientras que el 70 por ciento queda en
Reparto. En el caso del fondo de la soja, el 30 por ciento se reparte directamente entre las provincias. Si alguna no adhiere, el resto «acrecerá en proporción a su porcentaje de coparticipación en el total».
El decreto de necesidad y urgencia que lleva la firma de la presidenta y los integrantes del gabinete de ministros precisa que «las provincias que expresen su adhesión a la medida y resulten beneficiarias deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción semejante a lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos».
Los fondos recaudados comenzarán a partir del 1º de abril venidero, entre los estados provinciales que hubieran adherido.
