Uno de los principales diputados del oficialismo, Gerónimo Vargas Aignasse (Tucumán), presentó en estos días un proyecto para modificar la actual ley de arrendamientos y aparcerías rurales.
No se trata de una iniciativa con decenas de artículos como los ya presentados por varios diputados de la oposición como la santafesina Susana García (CC), el socialista Lisandro Viale (Entre Ríos), y el federado Pablo Orsolini (UCR-Chaco).
La iniciativa del kirchnerista tucumano apunta solamente a un artículo de la 13.246 para modificar únicamente el plazo mínimo de los arrendamientos, volviéndolos a 5 años en lugar de los actuales 3, como fue en la norma original de 1948.
Según los fundamentos que expresa el legislador el objetivo del proyecto es el de “dar solución al problema de la explotación agraria intensiva a corto plazo realizada por inversores golondrinas que no están interesados en el desarrollo del sector”.
Esos intereses, según Vargas Aignasse, “solo se están dedicando a la actividad para diversificar su cartera de riesgo y por la etapa de bonanzas que tienen los commodities en los mercados internacionales”.
El legislador ve “un fuerte aluvión de capitales golondrinas para la explotación de tierras dedicadas exclusivamente al monocultivo (soja)”. Este “aluvión” –dice el diputado– se debe a “la coyuntura económica, por la política fiscal y agropecuaria, tomando el tipo de cambio competitivo y los beneficios impositivos para el sector”.
Un argumento que posiblemente haga retorcer a más de un diputado proveniente del ruralismo, y más allá. Ciertamente la afirmación del legislador contiene un reconocimiento que ha sido criticado desde algunas entidades como la FAA: el kichnerismo alentó con sus políticas singulares un “aluvión” de fondos especuladores en el campo.
Eso es en definitiva lo que sostiene el tucumano, y lo que no se cansan de criticar y denunciar como pernicioso los que se presentan como representantes de los pequeños y medianos productores.
Pero el diputado Vargas Aignasse, cree que tras cinco años de ser testigo del ingreso de “capitales golondrinas que no están interesados por el desarrollo del sector” ha llegado el momento de poner un límite.
Así apunta con su proyecto de ley a poner freno a “numerosos fideicomisos agrarios y «pool» de capitales” que toman tierras en arrendamiento tierras aptas para cultivo generalmente de soja “que en el plazo de 6 meses cosechan y venden en el mercado internacional”.
Los fondos de inversión se han convertido ahora, luego de un lustro, en un agente económico “ruinoso para el sector minifundista que se dedica al agro como medio de vida”, y que “compite en situaciones de desigualdad”.
Vargas Aignasse entiende que “los denominados capitales golondrinas” sólo se manejan con costos variables de rápida desarticulación ante el cambio de rentabilidad que se refleja en la volatilidad de los mercados internacionales.
Con estos agentes económicos, “con escasa previsibilidad al mediano y largo plazo”, es casi imposible una construcción duradera ya que a la menor señal negativa en los siempre cambiantes mercados “los capitales buscarán una actividad que le permita mantener sus niveles de rentabilidad, abandonando a la actividad agropecuaria sin importar el impacto que originen en la misma”.
“Hoy la actividad agropecuaria necesita políticas de inversión a mediano y largo plazo atendiendo como referencia las necesidades y realidades que tenemos como país, en cuanto a diversificación y posibilidades de desarrollo en toda nuestra geografía nacional”, dice Vargas Aignasse.
Mientras tanto, varios legisladores del oficialismo encabezados por el santafesino Alejandro Rossi, siguen trabajando en un proyecto de ley basado en el dictamen de mayoría obtenido hace dos años sobre el proyecto de la FAA que presentó el diputado Eduardo Macaluse.
Todos los proyectos deberán pasar, antes que lleguen a Agricultura, por la comisión de Legislación General que preside la diputada Vilma Ibarra, la misma que en 2008 facilitó el dictamen de mayoría que obtuvo la iniciativa de Macaluse.