Al declarar la inconstitucionalidad y nulidad del decreto Nº 1439/09 firmado por el ex gobernador Arturo Colombi, sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos, la Justicia correntina sentó otro antecedente en materia de derecho ambiental. Esta medida de protección se suma a la orden de demolición del terraplén de 25 kilómetros que atraviesa el Iberá y que fue emitida meses pasados.
Con este fallo, novedoso y garantista emitido por el juez René Buffil, de Mercedes, se protegen unas 8 mil hectáreas de bosques en la zona donde se emplazará el proyecto productivo Ayuí, en ese departamento.
El decreto firmado por la gestión saliente, pretendía la aprobación de ciertos proyectos agrícolas “que requerían de permiso de desmontes”, según explicaron desde la Fundación Iberá, cuyo presidente Enrique Lacour, había advertido de ésta y otras irregularidades en el precipitado proceso de ordenamiento de las zonas boscosas de la provincia. “Se hizo en ausencia de un ejercicio participativo, con mapas completamente injustificables, donde áreas valiosas del bosque del Espinal quedaban sin protección alguna, sospechadamente al servicio de intereses de empresas con expresas intenciones de desmontes”, declaró el titular de la entidad demandante.
Implicancias
El fallo tiene una relevancia fundamental, por la implicancia que podría tener sobre el ejercicio de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos en la provincia.
Además, la sentencia anula el proceso por el cual el ex gobernador Arturo Colombi y el ex ministro de Producción Alfredo Aún, habían firmado otro decreto para aprobar la represa en el arroyo Ayuí Grande, en las inmediaciones de la misma ciudad correntina de Mercedes.
Esta última maniobra también había sido advertida por la Fundación Iberá, exigiendo incluso, la impugnación de una audiencia pública convocada a los efectos de tramitar dicha aprobación por el titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), Mario Rujana.
Si bien el proyecto productivo pretendía argumentar la “ausencia de daño”, el magistrado interviniente señaló que “el peligro de daño –por reconocimiento expreso del demandado (emisor del decreto cuestionado)–, es cierto y concreto y no una indagación meramente especulativa”, declaró.
El caso del ordenamiento de los bosques correntinos, claramente vinculado con el operativo de aprobación de una represa que había sido señalada como “jurídicamente inaceptable” por el constitucionalista Daniel Sabsay, cobra ahora una dimensión mayor, y la conducta de los funcionarios provinciales involucrados es puesta bajo la lupa de la Fiscalía Federal de Investigaciones en materia ambiental.