Los representantes de diecinueve consorcios de servicios rurales se reunieron este miércoles con el gobernador, Jorge Capitanich, para apoyar el proyecto que les otorgue a esas organizaciones de pequeños productores un sustento legal y asegure un modo de financiamiento fijo. En el mismo encuentro se respaldó la modificatoria a la Ley de Tierras. Ambas iniciativas son consideradas estratégicas por el Ejecutivo provincial y son fundamentales para los intereses de los pequeños y medianos productores chaqueños.
Tanto el anteproyecto para la conformación de los Consorcios de Servicios Rurales como la modificatoria a la Ley de Tierras, forman parte del paquete de proyectos que el Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados y que considera prioritario que se conviertan en leyes, iniciativas que serán tratadas en sesiones extraordinarias de la Legislatura.
Durante el encuentro, el gobernador, acompañado por el subsecretario de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Osvaldo Lovey, delineó con los presentes los alcances que este proyecto de ley tendrá para los pequeños productores rurales de la provincia.
CONSORCIOS DE SERVICIOS RURALES
Lovey explicó que los Consorcios de Servicios Rurales se constituyen territorialmente por zonas, agrupando a un número de entre 100 y 500 productores. Las autoridades de estos consorcios son elegidas por asamblea, previendo en la dirección un lugar para un representante del Gobierno provincial y otro para el Gobierno municipal de la zona.
Entre los servicios principales que estos consorcios prestan a los agricultores se encuentran los trabajos de laboreo (siembra y cultivo), la administración de los fondos y la comercialización de la producción.
El proyecto de ley remitido por el Ejecutivo vinculado a estos consorcios de servicios rurales prevé una asignación de recursos – provenientes de distintas fuentes de recaudación- que va a permitir, en forma similar a la ley de Consorcios Camineros, contar con la garantía de un financiamiento anual para el mantenimiento de las maquinarias y la prestación de los servicios.
LEY DE TIERRAS
Lovey consideró que el proyecto de modificatoria a la Ley de Tierras contempla algunas medidas estratégicas en el manejo y utilización de las tierras fiscales. En este sentido, uno de los aspectos principales es la eliminación de la venta de tierras fiscales para suplantarla por un sistema de arrendamiento y concesiones.
“Las concesiones que reemplazan a la propiedad privada de la tierra pública apunta fundamentalmente a eliminar el negocio especulativo de las tierras fiscales, que significó en los últimos años una transferencia escandalosa por parte del Estado (en detrimento de los pequeños productores) a los grandes terratenientes”, dijo Lovey.
“De esta manera – agregó el funcionario – todo aquel productor que quiera trabajar la tierra va a tener acceso a ella. Con las concesiones el Estado se reserva para sí la propiedad de la tierra pero concede su uso a los productores para asegurar su permanencia en sus lugares de origen”.
Con la modificatoria de la Ley de Tierras, que conlleva el sistema de concesiones, el Gobierno pretende asegurar un banco de tierras para las próximas generaciones. “Caso contrario – estimó Lovey – en muy pocos años el Chaco se va a quedar sin tierras fiscales y las tierras en propiedad van a seguir siendo acaparadas por los grandes terratenientes, como viene ocurriendo en este momento”.