La Corte Suprema de Justicia pidió una «opinión consultiva» al Tribunal Permanente del Mercosur sobre si el Tratado de Asunción «impone a los países miembros la obligación de abstenerse de aplicar derechos de exportación en el comercio de bienes» intrazona.
La causa fue iniciada por la empresa Sancor contra la Aduana, a raíz de la imposición de esos cargos en ventas de lácteos.
La aplicación de derechos de exportación a las exportaciones por parte de la Argentina generó una fuerte polémica en el bloque en 2008.
Posiciones. Algunos de los socios del Mercosur, como Uruguay, consideran que las retenciones no se pueden aplicar porque son una especie de derecho aduanero, que según el Tratado de Asunción, no se puede aplicar entre socios.
Argentina, en cambio, considera que las retenciones forman parte de la legislación de cada país del Mercosur, sobre todo mientras no existe un Código Aduanero Común.
Precisamente, a pesar de que desde hace varios años el bloque negocia un código aduanero, uno de los puntos en discordia es si se incluyen a las retenciones o no.
En su acuerdo de hoy, la Corte requirió la opinión previo a pronunciarse en la causa, en la que se cuestiona la aplicación de derechos de exportación del cinco por ciento, establecidos por la resolución 11, del año 2002, del Ministerio de Economía.
Ese gravamen es aplicado a diversas exportaciones de productos lácteos y en un caso de agua mineral realizadas a Brasil y a Paraguay, durante los años 2002 y 2003, explicaron fuentes judiciales.
Según la demanda de Sancor, la aplicación de los derechos en exportaciones a otros países miembros del Mercosur es «inválida», por encontrarse «en oposición con el Tratado de Asunción».
El fallo, adoptado este mediodía, fue suscripto por los jueces Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
La vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco, votó en disidencia, por cuanto considera que si existe un tribunal regional que entiende en controversias regionales, es ese cuerpo quien debe resolver.
Salvaguardas. La Comisión de Distorsiones del gobierno chileno decidió aplicar una salvaguardia de 15 por ciento a la leche en polvo y el queso Gouda importados desde Argentina y Uruguay.
El anuncio fue dado a conocer por la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, quien sostuvo que «la comisión, luego de analizar un conjunto de elementos, ha resuelto favorablemente aplicar la salvaguardia provisoria para los productores».
«Es una buena noticia para el agro chileno, pues junto a todo el resto de las medidas de recursos financieros adicionales que el Gobierno ha dispuesto para ir en su apoyo, los productores lecheros van a contar con este nuevo instrumento de apoyo para enfrentar los efectos de la crisis y las caídas de los precios nacionales e internacionales», indicó Bachelet, según reprodujeron los medios trasandinos.
Por su parte, la ministra de Agricultura de ese país, Marigen Hornkohl, valoró la aplicación de este impuesto a los productos lácteos, y explicó que se «justifica por las dificultades que enfrentan los productores que reciben precios de la leche inferiores a sus costos de producción».
Asimismo indicó que la mayoría de ellos presenta altos niveles de endeudamiento con la banca comercial y con empresas proveedoras de insumos, lo que define la situación de daño actual, la que sería más grave aún si tuvieran que soportar nuevas bajas de precio.
Fuente: Corrienteshoy.com