El gobierno avala suba salarial del 31% a cambio de baja en cargas sociales al campo

26/05/2017

La "estrategia limón": se convalidó un incremento superior a la pauta oficial a cambio de introducir reformas para mejorar la productividad.
El limón pasó, en pocos días, de ser un símbolo de éxito a la síntesis de las preocupaciones del Gobierno. Cuando llegó la noticia de la reapertura del mercado de EE.UU. para la exportación de cítricos, su imagen se asociaba a la de una política exterior caracterizada por el realineamiento con las grandes potencias que empezaba a dar resultados.
Sin embargo, casi en forma simultánea, un conflicto sindical en la región productora hizo que el limón se convirtiera en un recordatorio de los persistentes problemas de falta de competitividad de las economías regionales.
Y, para peor, con un condimento político especial, ya que involucró al principal aliado que el Ejecutivo tiene en el ámbito sindical: Gerónimo "Momo" Venegas, titular del gremio de peones rurales.
Hoy día, tras haber implementado un plan de emergencia para superar la crisis, el Gobierno intenta que este cítrico sea símbolo del resurgimiento de esas economías regionales a partir de los acuerdos con diferentes sectores.
No es tarea fácil, ya que los aumentos que reclaman los trabajadores de esta actividad pueden complicar la pauta salarial del macrismo y generar tensiones con los empresarios del campo.
La "estrategia limón" se enmarca en los convenios que impulsa Venegas, quien validó una suba del 31% en un solo tramo para el rubro citrícola en Tucumán, luego de fuertes protestas y cortes de ruta que paralizaron a la provincia.
Los reclamos fueron de tal magnitud que asustaron al gobernador, Juan Manzur, y facilitaron el aval oficial a la negociación, para sorpresa de los productores.
El trato diferencial del Gobierno hacia el sindicalista no es casual. Venegas es el principal aliado sindical de Cambiemos. Tanto, que la organización del acto del 1 de Mayo le permitió a Macri opacar a la CGT y hasta lanzar su propia "pata sindical-peronista".
Claro que en política los favores no son gratis. Y ahora el líder de Uatre busca obtener beneficios similares en varios de los 200 convenios de la actividad que, en total, alcanzan a más de 350.000 trabajadores.
Es el caso, por ejemplo, de la naranja en Salta y Jujuy, o el de la poda de fruta fresca en Río Negro y Neuquén, región en la que ya se pactó una mejora nada menos que del 35 por ciento.
"Estamos tratando de cerrar en Jujuy y Salta por encima del estatuto del peón. Pedimos un 33% para cerrar en un 28%", confirmó a iProfesional el secretario de organización de Uatre, Carlos Figueroa.
Un acuerdo que "mete miedo". Así, el temor a un "efecto cascada" no tardó en encender las alertas en las casi todas las economías regionales. Tras haber acompañado a Macri en su gira por China y Japón, los productores de arándanos iniciaron conversaciones con el gremio de Venegas para discutir los sueldos de unos 20.000 empleados.
"Mete miedo el acuerdo del citrus. Si al salario, que hoy está en 46 dólares, le agregás un 31%, se va a 60 dólares, mientras que en Perú es de 15", aseguró a iProfesional el vicepresidente del Comité Argentino de Blueberry (ABC), Alejandro Pannunzio.
Salvo excepciones, las economías regionales representan el "Lado B" del boom agrario. A diferencia de la carne o la soja, siguen afectadas por los problemas climáticos, la caída del consumo y un tipo de cambio muy deteriorado por la inflación.
La delicada situación alentó protestas en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén, el cierre de bodegas en Mendoza y la parálisis de empresas que procesan frutas, tal como ocurrió con el fabricante AgroFruit en Coronda, Santa Fe.
A esto hay que sumarle los problemas en el sector avícola y en el lácteo, con SanCor como caso testigo en la industria vinculada con la producción agrícola.
En el Gobierno buscan minimizar el impacto de las paritarias. Indican que el incremento para 40.000 trabajadores del citrus llevará el jornal de $350 a $460, que representa un sueldo mensual de $10.200, de los más bajos en la economía.
"Ya hemos sancionado 50 discusiones en el campo con subas del 22% más cláusula gatillo. Pero esto no implica que puedan haber alícuotas superiores para remuneraciones atrasadas", expresó a este medio el subsecretario de coordinación política del Ministerio de Agroindustria, Hugo Rossi.
En todo caso, la estrategia oficial contempla flexibilizar la pauta salarial a cambio de convenios que estimulen la reducción de los costos laborales, la logística y presión tributaria, tal como se pactó con el rubro petrolero, automotor y textil.
En esa línea, la negociación del limón - que incluye una cláusula para reducir las cargas sociales-, es la que ahora los funcionarios prevén replicar en otros rubros.
La alternativa surgió en la Mesa del Arándano, que ya tuvo su primera reunión en Agroindustria y en la que Venegas se mostró dispuesto a avanzar en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.
Según la ley sancionada en 2008 por el kirchnerismo, son acuerdos entre el gremio y los empresarios para diferir hasta un año los aportes a la Seguridad Social, con descuentos en algunos de los conceptos de entre el 25% y el 50 por ciento.
De ese modo, el Estado apunta a también a otro objetivo: incentivar el "blanqueo laboral" de trabajadores y empleadores.
En campaña
En las últimas semanas, las economías regionales se convirtieron en uno de los ejes de la campaña política. Por el lado del oficialismo, se lanzó la apertura de mercados, el trabajo parlamentario junto con productores y medidas ministeriales específicas.
La comisión de Economías Regionales en Diputados recibió a la cadena forestal (por el problema de la importación de casas chinas) y a los productores del Valle de Uco, en Mendoza, que exigen una ley de compre nacional para limitar la participación extranjera en una licitación de tierras fiscales.
El impulso de mesas sectoriales es la tercera pata del plan, que se complementa con la puesta en vigencia de la devolución del IVA a 90 días y una rebaja de la carga impositiva.
Todos estos son paliativos hasta que llegue la ansiada reforma tributaria que reclaman las entidades rurales y que el Ejecutivo prevé para 2018, después de las elecciones.
"Las normativas no deben ni pueden ser generales. Hay que buscar medidas puntuales para resolver las dificultades que atraviesan los eslabones de las distintas cadenas", aseguró a iProfesional la diputada Myrian Juarez, encargada de "bajar al territorio" y conectar a los productores con los ministerios.
Para el Gobierno, la problemática del campo no es un tema menor. Este sector es uno de los pocos que pudo crecer tras las medidas oficiales y representa buena parte del núcleo duro de votantes.
Sergio Massa lo sabe. Por ello el Frente Renovador impulsa un proyecto que promueve líneas de financiamiento, mayores beneficios impositivos, mejora de la infraestructura y un alza en los reintegros a exportaciones. Propuestas, por cierto, muy similares a las del macrismo.
Convertir a la Argentina en el "supermercado del mundo" no es tarea fácil. A esta altura quedó claro que la baja de retenciones y los reintegros no beneficiaron a todos las actividades por igual.
Mientras que el maíz, la carne o el trigo experimentaron importantes mejoras, el vino, té, yerba mate, limones, manzanas o madera apenas lo sintieron.
Además, el mercado interno se vio afectado por los altos precios de los productos en los comercios y por la caída del poder adquisitivo. Según informes de la Federación de Productores del Alto Valle, el consumo per cápita de frutas se redujo de entre diez y doce kilos por año a cerca de cuatro kilos.
En paralelo, la CAME detectó que la brecha entre los precios de origen y el de las góndolas volvió a estirarse en abril, lo que significa que el productor recibe cada vez menos del importe final que abona el consumidor. ¿Cuánto? apenas un 23 por ciento.
El otro problema son los costos para competir con el exterior. Perú y Chile cuentan, entre otras ventajas, con la salida al Pacifico, lo que les posibilita llegar por barco a Estados Unidos en pocos días, mientras que los artículos locales -muchos perecederos- demoran hasta 28 días por avión.
La estrategia del limón
Sin modificaciones a la vista para el tipo de cambio, el Gobierno apuesta a un combo de medidas entre las que ganan protagonismo los convenios de corresponsabilidad gremial en el campo.
Así, apunta a morigerar las deudas de todos aquellos productores que no pueden abonar las cargas sociales. Algunos, como Venegas, ya se entusiasman con un acuerdo similar al de Vaca Muerta para los petroleros.
En el caso del arándano, esto genera mucho entusiasmo, ya que les permite a los productores pagar un importe en cuotas que sustituye a las cargas patronales (según volúmenes producidos) mientras que el sindicato afronta los gastos de la obra social.
Entre los convenios que figuran en la "pole position", aparecen los de unas 13 actividades, entre ellas las del tabaco, forestal, vino y yerba mate.
El plan oficial es extender esta modalidad a aquellas ramas que concentran una mayor cantidad de mano de obra. Sobre todo, por trabajadores temporales que son contratados para la época de la cosecha.
Pese a algunos leves avances, el agro es el tercer rubro con más elevada tasa de ocupación informal (63,5%), según datos oficiales. Además, convive con denuncias de fraude laboral y trata de personas.
Según Uatre, la registración se desplomó durante el kirchnerismo. El sindicato se encontró con apenas 350.000 afiliados, menos de la mitad que en 2012 (870.000), cuando perdió el control del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (Renatre), que pasó a la órbita Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo.
La devolución del ente a manos de sus anteriores titulares (Uatre junto con patronales rurales) fue una de las medidas tomadas por Macri para entablar buenas relaciones con el campo.
Tal decisión le permitió al gremio retomar el manejo de las inspecciones laborales y el de fondos millonarios, que se alimentan con el 1,5% de la masa salarial.
El clima de armonía entre la entidad sindical y los ruralistas empezó a resquebrajarse con las discusiones por salarios, ya que Venegas quiere recuperar el atraso incurrido y hasta apunta a unificar las paritarias (hoy descentralizadas).
En julio, la Comisión Nacional del Trabajo Agrario (CNTA) deberá renovar el sueldo del estatuto del peón, hoy en $456. Está conformada por representantes de Uatre, el Gobierno y empresarios rurales.
A diferencia de las economías regionales, la participación del Estado apunta a la imposición de un "techo" en la negociación.
La otra discusión que promete nuevos roces es la resolución de la CNTA, que el 29 de diciembre fijó en 25 kilos el mínimo por jornal para los trabajadores del arándano. La medida contradijo a otra de la AFIP que, el día previo, había fijado esa referencia en 40 kilos. El Gobierno prevé revisarla, tal como reclama ABC y la CAME.
Por lo pronto, las autoridades tendrán que hacer un delicado equilibrio entre las cámaras rurales -que se quejan y mucho por el atraso cambiario y la suba de costos- y un gremio que hará valer su relación de privilegio con el macrismo.
Fuente: Agritotal


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